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Las etnias: parte de nuestra identidad nacional.

Un árbol tiene raíces en el suelo y ramas que rozan el cielo, y nos recuerda que para prosperar tenemos que saber de donde venimos

Las etnias, históricamente han sido discriminadas, se les han desconocido sus derechos, se han invisibilizado sus particularidades culturales, antropológicas, sociológicas, etc. Es a partir de la Constitución de 1991, la cual consagró el carácter pluralista, la que permitió avalar su reconocimiento y protagonismo en la sociedad colombiana.

La Corte Constitucional distinguió también los derechos del sujeto colectivo de los derechos colectivos de los colombianos, así:

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como sujeto colectivo de derecho, no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 CP). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes”. (ST – 380 /93)

El Convenio 169 de la OIT, la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de las distintas Cortes, conforman el marco de protección dentro del cual se inscriben las iniciativas que en el ámbito estatal deben desarrollarse para adecuar las instituciones públicas y las políticas dirigidas hacia las etnias. Estos principios deben llevarse a la práctica por lo que resulta necesario que tanto los servidores públicos, como las etnias, tengan conocimiento de esos derechos a fin de ejercer su participación en la construcción de la política en cuestión.

Trato distinto a los distintos

Para hacer efectivo el principio de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, el texto constitucional desarrolla una serie de normas que se refieren a los derechos de los grupos étnicos. La matriz subsiguiente establece los principios del Estado multicultural y pluriétnico que garantizan derechos especiales como sujetos distintos que son los grupos étnicos.

Art. de la Constitución Objeto de la norma Contenido del artículo
7°. Principio de la diversidad cultural “El Estado reconoce y protege la diversidad […] cultural de la nación colombiana”.
70 inc.2 Principio de igualdad de las culturas “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”.
10º. Principio de oficialidad de las lenguas indígenas en sus territorios “Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios”.
96 Indígenas como nacionales colombianos “Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia

2. Por adopción: […]

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos”.

10º. Derecho a educación
bilingüe
“La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.
68 Derecho a educación respetuosa de las tradiciones “Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su integridad cultural”.
171 Derecho a elección en circunscripción especial “El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.

“Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

“La circunscripción especial para la elección de senadores de las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.

“Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de Autoridad Tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante un certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno”.

246 Derecho a jurisdicción especial para administrar justicia “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
330 par. Derecho de grupo relativo a la explotación de recursos en territorio Indígena “Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”
357 Derecho de grupo a la autonomía financiera “Los municipios participarán de los ingresos corrientes de la nación […] Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios”.
329

Incs. 1 y 3

Entidades territoriales indígenas “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el

Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial […]

“La ley definirá las relaciones y coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte”.

Fuente: elaborado por el autor, tomando como fuente la Constitución Nacional.

Los derechos fundamentales de los grupos étnicos no deben confundirse con los derechos o intereses colectivos de otros grupos humanos; la defensa de los derechos colectivos se realiza a través de las acciones populares.
Es importante saber que los miembros que conforman los pueblos étnicamente distintos son, como personas, sujetos de protección constitucional. Las instituciones del Estado tienen el deber de atender a los sujetos individuales étnicamente distintos en su condición de colombianos.

Siempre que sea necesario tratar en cualquier programa específico a un sujeto individual perteneciente a un grupo étnico, deberá aplicarse una herramienta de interpretación conducente a examinar si prevalece el derecho individual o el derecho del sujeto colectivo. En caso de presentarse un conflicto de derechos entre los derechos fundamentales individuales y los colectivos, la decisión deberá orientarse hacia la medida menos gravosa para la identidad étnica y cultural del grupo étnico de que se trate, tal como lo señaló la Corte Constitucional:

“…Derecho a la identidad cultural se proyecta en dos dimensiones, una Colectiva y otra individual. La primera trata de la protección constitucional que se le otorga a la comunidad como sujeto de derechos y la segunda la protección que se le otorga al individuo para poder preservar el derecho de esa colectividad. Lo anterior comprende dos tipos de protección a la identidad cultural una directa que ampara a la Comunidad como sujeto del derecho y otra indirecta que ampara al individuo para proteger la identidad de la comunidad.

La protección a la identidad cultural de la comunidad como sujeto de derechos no supone que no se deban garantizar las manifestaciones individuales de dicha identidad ya que la protección del individuo puede ser necesaria para la materialización del derecho colectivo del pueblo indígena al cual pertenece”.

Acciones afirmativas para garantizar derechos especiales a las minorías Étnicas

El concepto “acciones afirmativas” fue acuñado por la jurisprudencia Norteamericana para justificar las acciones distintas por parte del Estado, para unos determinados ciudadanos, de modo que por medio de estas acciones se reestablecieran ciertos derechos que de otro modo no se podrían garantizar. Estas acciones se establecen sobre el principio de “trato distinto a los distintos” para sujetos constitucionalmente definidos como sujetos de derecho colectivo.

Trato igual para garantizar derechos a las etnias como a todos los Nacionales

Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional, se encuentran repartidas en su mayoría en la zona rural colombiana, con mayor presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y Amazonas.

Los pueblos indígenas, las comunidades raizales, los rom y los afrocolombianos como colectividades y, los sujetos individuales deben realizar los derechos. Este acceso como iguales, define la necesidad de examinar y determinar de qué modo podría afectar los programas o proyectos generales un trato igualitario sin distinción de etnia o cultura. Las comunidades afrocolombianas, raizales, rom y las organizaciones indígenas, en representación de sus pueblos y comunidades, como todos los colombianos deben acceder a programas y proyectos. Por su carácter de nuevo sujeto, la normatividad constitucional y legal se ha transformado, para dar cabida a la protección de sus derechos fundamentales:

“En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes comunidades indígenas, que es lo único que les confiere status para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos les sean conculcados (C.P. arts. 1, 7 y 14)”.

Trato distinto para las comunidades afrodescendientes

La población afro descendiente, con el 10,6% de la población nacional, se ubica en el corredor del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la comunidad de San Basilio de Palenque y en algunas capitales del país.

El Banco Mundial en su Directiva Operacional No. 4.20 de septiembre de 1991, sobre políticas institucionales (…) especificó que los términos ‘pueblos indígenas’, ‘minorías étnicas indígenas’ y ‘grupos tribales’ se refieren, en general, a grupos sociales que comparten una identidad cultural distinta a la de la sociedad mayoritaria. Esta directiva hace relación a dos requisitos: un elemento “objetivo”, a saber, la presencia de elementos de cultura compartidos por los miembros de un grupo que los diferencia de otros grupos culturalmente distintos; y un elemento “subjetivo” en que los individuos se asumen como miembros de una colectividad.

La Corte Constitucional, en SC-169 de 2001, y con referencia al Convenio 169 de la OIT determina igual reconocimiento para las comunidades negras:

“Este reconocimiento genera, como consecuencia inmediata, el que las comunidades negras adquieran la titularidad de derechos colectivos similares a los de las comunidades indígenas, con las diferencias impuestas por sus especificidades culturales y su régimen legal propio. Lo que es más importante, se hacen acreedoras a los derechos que consagra el Convenio 169 de la OIT.”

En función del status en tanto grupo étnico reconocido como sujeto distinto, portador de una identidad propia que es digna de ser protegida y realzada y no del color de la piel de sus integrantes, se desprende formalmente una política de reconocimiento y valoración a las comunidades afrodescendientes. Resultado de las reivindicaciones y logros plasmados en la Ley 70 de 1993.

El reconocimiento a las comunidades afrodescendientes como sujeto colectivo de derecho, es un presupuesto indispensable para la mayor destinación de recursos, que éstos sean específicos y suficientes, creciente presencia del Estado, ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad, seguimiento y control permanentes y mayor participación de las comunidades en los procesos decisorios, serían, entre otras, estrategias que el Estado estaría en la obligación de adoptar en el corto plazo para la materialización del derecho de la educación en favor de dichas comunidades.

Jurídicamente, este reconocimiento se soporta en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 2-5 de la Ley 70 de 1993, de donde se desprende una política de protección de la identidad de las comunidades negras que es resultante de los distintos esfuerzos provenientes de organizaciones locales que comparten los sentimientos propios de una identidad colectiva.

Trato distinto para los raizales

La sentencia C-086 de marzo 3 de 1994, en la que la Corte reconoció las peculiaridades étnicas de las comunidades raizales del Departamento Archipiélago, en los siguientes términos:

“La población ‘raizal’ de San Andrés y Providencia es un grupo étnico perfectamente definido, como lo evidencian su aspecto físico, sus costumbres, su idioma y su pertenencia mayoritaria al Protestantismo. Negarle tal carácter aduciendo que las islas fueron pobladas por gentes de diversos orígenes raciales, es razón baladí, pues bien es sabido que no existen razas puras”.

Reafirma su condición de pueblo distinto la Sentencia C-053 de 1999 sobre oficialidad de la lengua nativa en todo el territorio de San Andrés y la Sentencia C-154 de 1999, sobre representante raizal en el Consejo Nacional de Planeación, la Corte reafirma magistralmente que los raizales no son otros afrodescendientes sino su condición de distintos:

“(…) lo que sí comportaría desconocimiento de la Carta, sería que la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fuera subsumida en las comunidades negras continentales”.

Trato distinto para los Rom o Gitanos

Las comunidades gitanas, por su parte, se encuentran distribuidas en sectores populares de las ciudades y en núcleos variables llamados kumpanias, y se calcula que están conformadas por un total de 5,000 personas.

La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, que es la entidad competente para el reconocimiento de pueblos que buscan ser incluidos como sujeto colectivo étnico y cultural diferenciado, ha señalado que “este grupo posee una identidad étnica y cultural propia que se caracteriza por los siguientes aspectos:

  • Sé es gitano por derecho de nacimiento.
  • Idea de un origen común y de una historia compartida.
  • Larga tradición nómada y su transformación en nuevas formas de itinerancia.
  • Idioma propio, el romanés o romai shib.
  • La valoración del grupo de edad y el sexo como principios ordenadores de estatus
  • Respeto a un complejo sistema de valores
  • Fuerte solidaridad entre los grupos
  • Especial sentido de la estética tanto física como artística
  • Peculiar interpretación de los fenómenos naturales

“Soy ciego a los colores. Por eso uno de mis símbolos favoritos es el pavo real, en cuyas plumas se unen todos los colores en armonía.” (MICHAEL JACKSON)

Conclusiones:

    1. La invisibilización de las etnias como sujetos colectivos de derecho y como individuos con derechos especiales, ha impedido que el país conceptualice correctamente, reconozca jurídicamente, establezca políticas públicas e instancias de participación adecuadas para posibilitar su valoración y desarrollo. Lo anterior se expresa, en la inexistencia de estadísticas, estudios científicos, indicadores e información general y sectorial adecuada, que permitan una mejor aproximación a la realidad que viven las etnias. Esta situación lleva a que se los considere indiferenciadamente del resto de “pobres”, “vulnerables”, o personas que viven en “poblaciones rurales”.
    2. La desinformación y el trato como iguales, similar al resto de los colombianos, acarrea problemas, no solo para el desarrollo de los programas que permitan medir la cobertura real sobre la totalidad de esa población, y que manifiesten el reconocimiento respecto de sus problemas y potencialidades particulares, sino que esta ausencia representa un hecho flagrante de discriminación, atentatorio de la Constitución y de los Pactos y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, ya que manifiesta una invisibilización que incluye la inacción de todos los actores institucionales y sociales para tratarlos acorde con un marco de política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural.
    3. La realidad de las personas y de las comunidades no puede fragmentarse como si se tratara de asuntos biológicos separados de lo psicológico, de lo social o de lo cultural. Las instituciones deben abocar las necesidades y potencialidades de las comunidades étnicas de manera que aporten constructivamente a satisfacer necesidades integrales.
    4. Los niveles de pobreza de las etnias manifiesta la existencia de diferentes factores económicos y sociales que impiden a las familias disponer de condiciones para reproducirse como personas y grupos en condiciones humanas aceptables. Muchas de las personas, familias y comunidades no disponen de condiciones para lograr siquiera el mínimo calórico, para disponer de lo indispensable. Es necesario que todos los programas implementados, absolutamente todos, logren un saldo a favor de generar mecanismos para superar la pobreza y no programas asistencialistas que dejan de lado las verdaderas soluciones a mediano y largo plazo.
    5. Del total de pueblos étnicos que habitan el territorio colombiano, un alto porcentaje no cuenta con tierras como medio de vida y habitacional donde generar una vida amable. La ubicación, calidad, posibilidades de producción y de comercialización de productos no son favorables, ni suficientes hoy, para obtener los recursos necesarios que les permitan una subsistencia digna que posibilite una sustentabilidad.
    6. La ubicación geográfica aislada y separada de los centros de desarrollo, muchos en zonas de frontera, los coloca hoy en actores de los escenarios propicios para el incremento de la colonización indiscriminada y la producción de cultivos ilícitos.
    7. El uso y control del territorio políticamente, los ha convertido en víctimas de los escenarios de violencia y confrontación armada, entre paramilitares, guerrillas, colonos y terratenientes, provocando desplazamientos masivos de individuos y comunidades hacia otras comunidades dentro del país o internacionalmente por ser fronterizos, como los Tule hacia las comunidades Tule de Panamá y los Awá hacia Ecuador.
    8. Se agrega a esta situación los impactos negativos ambientales que bajo la perspectiva de proyectos extractivos legales e ilegales y de economías de enclave, han generado impactos sobre el medio del cual muchos de ellos obtienen su subsistencia.
    9. Los principales problemas en el sector salud en las comunidades étnicas se concentran en la desnutrición, los altos índices de morbimortalidad, la perdida y el desconocimiento de su cultura médica. No hay eficacia para que se provea a toda la población de los servicios de salud que les son necesarios, por lo que las consecuencias son dramáticas. Enfermedades erradicadas hace años en otras poblaciones continúan siendo causa de muerte en las etnias de Colombia.
    10. Los individuos que salen a trabajar para conseguir un salario, son explotados y no cuentan con garantías en calidad de trabajadores. Las mujeres afros e indígenas principalmente, son explotadas como empleadas de servicio doméstico.
    11. La tasa de Mortalidad Infantil es uno de los indicadores de salud que no ha logrado mayor descenso y transformación en su estructura para estas sociedades. Persisten las diferencias regionales en la reducción de la mortalidad infantil y sus notables diferencias territoriales, que son al tiempo, manifestación y consecuencia de las inequidades regionales y sociales que caracterizan al país.
    12. En algunos departamentos la mortalidad infantil es del orden del 22 x 1000 n.v., lo cual contrasta con otros, que registran 98.82 X 1000 n.v., para hombres y 81.26 x 1000 n.v., en mujeres, expresión de las enormes brechas en el desarrollo económico y social. Mientras que por cada 1000 n.v., en el Chocó se registra una mortalidad infantil de 98.8, en el Caquetá esta cifra es de 70.9, en Cauca 64.1, en Arauca 61.2, en Nariño 59.8 que son los departamentos con mayor proporción de población étnica.
    13. El estado nutricional de la población étnica además de asociarse directamente con la morbilidad y la mortalidad de la población, se relaciona con los niveles de soberanía y seguridad alimentaría, las cuales a su vez están determinadas por múltiples factores que inciden en el acceso a los alimentos: la escasez de tierras adecuadas para la producción, las condiciones tecnológicas atrasadas, los hábitos culturales y creencias con relación a los alimentos y al cuidado diferenciado de los adultos frente a los niños, la prioridad del colectivo sobre el bienestar individual, los impactos de la guerra y los cultivos ilícitos sobre la calidad de la tierra, las fuentes de agua y el acaparamiento por parte de actores armados de los alimentos institucionales, entre varios factores.
    14. El problema del hambre en estas poblaciones, no se debe ni a la incapacidad de producción de alimentos, ni a un crecimiento desproporcionado de su población, ni a la falta de alimentos en Colombia, sino a la falta de acceso a los alimentos disponibles, a causa de la pobreza. Lo que padecen de modo creciente las etnias es una crisis económica de desproporcionada magnitud, motivada principalmente por los desequilibrados patrones de relacionamiento que las instituciones del Estado han establecido con ellos en sus regiones.

      “Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano.” (WALT WHITMAN)

    15. La desnutrición, el hambre y la miseria, son hoy fruto de un modelo de seguridad social inadecuado que no atiende las más elementales respuestas a la dignidad humana. El derecho a la alimentación y el derecho a la vida son interdependientes, así como el derecho a la salud y a la vida digna. Las carencias de individuos y de pueblos enteros en materia del derecho a la alimentación, no sólo implica un menoscabo de ese particular derecho, si no de los derechos humanos en general, que conlleva graves limitaciones para el desarrollo de personas en la vida social, lo cual significa un atentado de proporciones inimaginables contra la dignidad humana de las personas.

“El objetivo final de la educación es desarrollar la disposición a reconocer y respetar la semejanza esencial de los humanos más allá de nuestras diferencias de sexos, etnias o determinaciones naturales.” (FERNANDO SAVATER)

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